Mandaron al archivo el proyecto para que se informe la identidad de los vacunados en Córdoba

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El proyecto impulsado por el legislador radical Marcelo Cossar para que se publiquen los nombres de las personas vacunadas en Córdoba fue tratado por la Legislatura y rechazado por la mayoría oficialista de Hacemos por Córdoba. De este modo, pasó al archivo.

La iniciativa pretendía que se haga pública la identidad de cada persona que recibe dosis de vacunas en la provincia, con el fin de transparentar el listado, en el que según Cossar pueden haberse colado personas que no pertenecerían a los grupos definidos como prioritarios por la provincia: el personal de salud, los residentes en geriátricos y los docentes mayores de 60 años, en actividad, con enfermedades prevalentes.

Quien argumentó en contra del proyecto de Cossar fue el jefe del bloque de legisladores oficialista, Francisco Fortuna. «Un legislador de la provincia presenta un proyecto en el cual se solicita al Gobierno la elaboración de un registro público de los ciudadanos que han sido vacunados contra la Covid-19. En ese registro no sólo debe figurar el nombre de la persona, sino también una descripción de su categoría etaria y su inclusión o no en un grupo denominado ‘de riesgo’, es decir, si está en una situación de vulnerabilidad aumentada en relación con el resto de la población por alguna condición de salud. Tendría que ser breve en la respuesta, porque es simple: no se puede, señor legislador, está prohibido expresamente por la ley 25.326, de Protección de Datos Personales. Preguntar por quienes nominativamente han sido vacunados es hacerlo sobre algo que legalmente no se puede responder», respondió Fortuna.

La ley define expresamente como sensibles aquellos datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. Además, cabe recordar que la vacunación contra la Covid19 es voluntaria eso implica también que -el día de mañana- quien no se haya vacunado aun siendo profesional de la salud, puede ser objeto de cuestionamientos. Por nada del mundo debemos permitir que eso pase, porque cuando decimos voluntaria es porque es voluntaria, hasta las últimas consecuencias», señaló Fortuna. 

Y no se privó de una chicana: «Es bueno recordar esto en una ciudad en la que durante la administración municipal del signo político al que pertenece el legislador que presentó el proyecto dejó que se vulnerara información crítica sobre los vecinos, incluidos sus números de tarjetas de crédito, a través de la fallida aplicación de tránsito Movypark».

Cossar había fundamentado su iniciativa «en la necesidad de ser suma y absolutamente transparentes en el destino de cada una de las vacunas, frente a razonables dudas y creíbles rumores de que han sido receptores de las mismas personas que no corresponden a las categorías prioritarias de receptores. No ayuda a esta causa la muy deficiente información pública disponible sobre este particular. Quiero aclarar, para despejar toda duda, que no cuestionamos los criterios científicos a través de los cuales el gobernador, las autoridades de los ministerios enfocados en la lucha contra la pandemia, referentes sociales mayores de setenta años como Sonia Torres o destacados médicos y sanitaristas han recibido ya su vacunación. Lo que cuestionamos, es que existe un margen enorme entre las cifras provistas por el gobierno nacional y el provincial, y que de ello se plantean dudas legítimas acerca de la discrecional distribución de una buena cantidad de vacunas, cuestión que se soluciona con la creación de un registro individual de personas vacunadas actualizable diariamente, y con una Comisión Legislativa de seguimiento del proceso de vacunación».
El legislador radical se quejó porque en la reunión de Comisión habían rechazado el tratamiento sobre tablas de su iniciativa. Y al llegar a plantearse el tema en el recinto, lo aprobaron. «Me quisieron sorprender, pero teníamos la argumentación para defender este proyecto», dijo Cossar, quien dijo que si se quieren proteger datos personales «hay mil formas» de hacerlo sin vulnerar ninguno de los datos personales, como codificar el listado y permitir su acceso a solicitud.
Desde el oficialismo dijeron que si hay alguien que tenga alguna sospecha sobre irregularidades en la distribución de las dosis puede reclamar una investigación judicial.

Francisco Fortuna, legislador oficialista. (La Voz)
Marcelo Cossar, legislador radical. (La Voz)
Francisco Fortuna, legislador oficialista. (La Voz)