La CTA rechazó la suspensión de la movilidad jubilatoria durante seis meses

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La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) rechazó este jueves «la decisión oficial de suspender la movilidad jubilatoria por un período de seis meses» y expresó su «preocupación» por «la amplitud de la declaración de la emergencia pública, que implica el otorgamiento de un cheque en blanco al gobierno para que legisle sobre varios temas».

Sin embargo, la central celebró «el debate parlamentario del proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva», señaló el titular de la CTAA, Ricardo Peidro.

«A dos años de la resistencia popular del 18 de diciembre, las medidas jubilatorias que se adopten en el contexto de esa iniciativa se relacionan más con la reducción del gasto público que con la mejora de la situación del sector, castigado durante cuatro años», dijo.

El dirigente gremial, también titular de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM), sostuvo en un comunicado que con esa ley «el ajuste lo pagarán los jubilados y pensionados, que verán frustrado su derecho a una movilidad razonable y proporcional».

El sindicalista subrayó que «los jubilados que perciben un salario superior al mínimo sostendrán a aquellos de menores recursos, en lugar de quitarle a quienes más seenriquecieron con las políticas de ajuste y saqueo», por lo que rechazó «la suspensión de la movilidad por un período de seis meses» (según el artículo 51 de la iniciativa).

«Esa suspensión implica que queden en suspenso las expectativas y previsiones hasta marzo próximo, cuando el gobierno determine el ajuste de la movilidad y para quiénes. No debe ser una ‘comisión de notables’ (que sancionó la Ley de Reparación Histórica) la que defina los ingresos sino que debe legislarse sobre el tema en relación proporcional al salario de los trabajadores en actividad, en camino al 82 por ciento móvil», señaló.

Peidro objetó «la continuidad del vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (artículo 53), que permite aumentar hasta el 100 por ciento los topes para las inversionesen operaciones de títulos públicos, aún sin garantía, y que se extiende hasta 2023», y enfatizó que «la exención de aportes patronales privados y de las pequeñas y medianas empresas (artículos 23 y 54) contribuye al desfinanciamiento del sistema previsional».

Para el dirigente, el proyecto no propone «la solidaridad de quienes más ganan en el sistema económico-financiero a través de una reforma tributaria y financiera por medio de impuestos progresivos para financiar el sistema previsional», y dijo que además congela «la posibilidad del sector de acceder a una canasta básica total para tener una vida digna».

La CTAA celebró la decisión de otorgar dos bonos de 5 mil pesos cada uno para quienes perciben haberes mínimos, y de 2 mil para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH)», aunque puntualizó que «son insuficientes» y que en marzo próximo «la indigencia a la que se sumergen los haberes mínimos será más acuciante».

«Los bonos no son universales y no remplazan el incremento permanente de haberes para recuperar lo perdido. Debe haber mecanismos de actualización por la inflación», concluyó.

(Archivo/La Voz).