Gobierno nacional y empresarios: ¿caminos que se bifurcan?

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Aunque los puentes no están cortados, en la última semana la relación entre el Gobierno nacional y las grandes entidades empresariales comenzó a transitar por diferentes caminos. ¿El motivo? La media sanción del “Impuesto a la riqueza”.

Ya no se trata, explican las diferentes organizaciones de la industria, el comercio, el agro y los servicios, del impacto que el gravamen pueda tener en las fortunas personales de los alcanzados por el tributo. De no ser porque también se gravan activos empresariales, aquel factor es importante, pero no todo. 

Lo que ha quedado definitivamente claro para los empresarios es que el Frente de Todos, en plena recesión, no tiene otra estrategia de gestión más que aumentar la presión sobre el sector privado.

Antes de su trágico deceso lo advirtió el banquero Jorge Brito, alguien que apoyó con decisión a Alberto Fernández.

“El Gobierno está errando en la forma de tratar de salir, apostando todo a crear más impuestos”, afirmó el fundador del banco Macro hace menos de una semana.

Desde que asumió Fernández, concluyen en el empresariado, todas las medidas desde la Rosada fueron en el mismo sentido: rebanar sin pausas la actividad privada, mientras que el Estado y la política no contienen sus erogaciones.

A punto tal existe esa percepción que acciones consideradas positivas, como el ATP y el IFE, dos herramientas centrales para el pago de salarios y también para sostener el consumo, perdieron ponderación. 

El tipo de cambio desdoblado, los precios máximos sin un final a la vista, las retenciones selectivas a las exportaciones, la ley de teletrabajo a contramano de las necesidades laborales, la caída de los incentivos para la economía del conocimiento, la prórroga inconsulta a la prohibición de despedir, y el incremento de impuestos internos forman parte de una lista que el empresariado puntea a diario.

“15 impuestos crearon en sólo once meses”, indicó el economista Esteban Domeq, de la consultora Inveq. Eso sin contar innovadoras tasas municipales en distintas jurisdicciones, o el aumento de otras ya existentes.

La inacción oficial para defender la propiedad privada y una reforma judicial teñida de intereses personales completan un menú que llevó a prácticamente todas las grandes entidades empresariales a marcar su discrepancia con el rumbo, a remarcar la sostenida pérdida de confianza y el desaliento a la inversión.

Un detalle importante

Algunas, como la Unión Industrial Argentina (UIA), que dieron muestras de querer mantener un trato fluido con el Gobierno, alertaron por el impacto productivo del “Impuesto a la riqueza” que recaerá también sobre las acciones o participaciones en los activos productivos.

Ahora, esperan que en el Senado esa ley no pase. ¿Es tarde? 

Lo mismo ocurrió con organizaciones industriales cercanas al peronismo, como algunas de la industria bonaerense, que también salieron al cruce de este estado de situación.

Este detalle no pasó inadvertido para el consultor Agustín O’Reilly. “Es difícil encontrar ejemplos de alineación entre los sectores de la producción agropecuaria y la industria en la protesta contra alguna medida de un Gobierno”, apuntó a La Voz

Sin embargo, el proyecto aprobado en Diputados “logró que las entidades bonaerenses de la industria y el campo firmen un comunicado conjunto oponiéndose a una ley que los dejaría en peores condiciones que las actuales”, evaluó el analista que conoce en detalle el espinel productivo de esa provincia.

O’Reilly coincide con una de las críticas que más se escuchan en los foros empresarios.

“El sector público tiene una agenda completamente en sentido contrario a la de las empresas y los trabajadores autónomos de todo el país, que sufren en el día a día la caída de actividad y el empleo”, añadió.

No sólo ellos. Los dueños de las grandes empresas, el llamado “establishment”, nucleados en AEA consideraron que el nuevo impuesto afecta la propiedad privada, desalienta la inversión, la producción y genera un “gran desaliento”; al igual que las Pyme, que se sumaron a esa visión.

Natalia Pasquale, dirigente de la UIC y miembro de una empresa familiar cordobesa, lo interpretó sin vueltas. “El ‘Impuesto a la riqueza’ es más de lo mismo, no se promueve la inversión sino que se imponen impuestos a los que generan valor”, dijo. 

“Los empresarios que están 24 horas pensando para no cerrar su empresa en el peor momento de una crisis histórica, y tienen inversiones por 200 millones en máquinas, ahora van a tener que pagar un impuesto más”, agregó.

Desde otro sector, José Viale, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, evaluó que aún “cuando muchas de las medidas anunciadas por el Gobierno pudieran tener buenas intenciones, en la práctica traen situaciones perjudiciales”.

La coexistencia de varios tipos de cambio, ejemplificó, “va generando la imposibilidad de generar precios o directamente de no fijarlos; la política de precios Máximos y precios Cuidados, ocasiona pérdida de márgenes y desabastecimiento”, explicó Viale. 

Lo mismo dijo hace días la Copal, que aglutina a las cámaras y federaciones de la industria alimentaria.

Aún justificadas en urgencias, para Viale “las políticas adoptadas por el Gobierno han hecho que el inversor pierda confianza y se paralice”.

Natalia Buttigliengo, de la Cámara Argentina de la Construcción de Córdoba, recordó que no todas las empresas accedieron a los programas de ayuda, como el ATP.

El sector está tratando de cruzar el desierto de la recesión “con mucho esfuerzo, reacción, gestión y una estrategia de diversificación de la producción, y más que nada un fuerte ajuste de nuestros costos y precios”, detalló.

Ese intento por seguir en pie para las constructoras, se cruza con las consecuencias de la política económica.

“Estamos muy atentos al desabastecimiento de materiales, las subas de precios, los movimientos del dólar y la fuerte presión impositiva”, describió.

Para Buttigliengo, otro motivo de preocupación es que el ajuste acentuado en las últimas semanas “esté fuertemente apuntado al sector productivo”.

Contradicciones

Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, puso de relieve las políticas de ayuda a las empresas en pandemia. Pero dijo que al mismo tiempo “coexisten una gran cantidad de mensajes contradictorios, negativos para el espíritu y el ambiente de los negocios en una economía capitalista”, dijo.

A la reforma judicial, los intentos de expropiaciones, la creación de Nodio “para controlar la libertad de expresión”, o las usurpaciones, Tagle añadió la reciente carta de los senadores del Frente de Todos al FMI. “En un momento de plena negociación de la deuda, suma incertidumbre”,  dijo.

Y luego, el “Impuesto a la riqueza”. “Otro mensaje contradictorio”, apuntó.

Desde uno de los sectores más afectados por el impacto de la pandemia (perdió un tercio de sus ventas habituales) y de perfil netamente Pyme, Raquel Lascano, de la Federación de Expendedores de Combustibles, remarcó el dilema del modelo. 

“Nos pidieron achicarnos y aguantar en las empresas, pero eso no lo vemos ni vimos en el Estado. Al contrario, se agrandó el gasto. Me pareció bien la ayuda (como el ATP y el IFE), pero no fue bien dirigida, no se bajó ningún impuesto o carga social. Hoy sólo hay planes de pago con intereses y poco plazo, cosa que para mí no nos ayuda”, resaltó.

Al igual que Pasquale, la dirigente consideró que el impuesto a los activos es parte de un planteo repetitivo y sin salida. “Entiendo la necesidad del Estado pero siempre aportan los que trabajan e invierten todos los días”, recalcó. 

Luis Magliano, titular de la Sociedad Rural de Jesús María, enfatizó que aunque “un productor deba toda la maquinaria quedará alcanzado por el nuevo tributo”, al sumarse el valor del campo. Del otro lado, recibe por la venta de sus granos un dólar al tipo de cambio “divisa” que es un siete por ciento inferior al oficial.

A ello se agrega que el desdoblamiento cambiario “afecta a la producción porque los insumos comenzaron a subir en dólares”, resaltó.

“Lo que están haciendo es impresentable”, definió desde el llamado C-20, un colectivo de Pymes de distintos sectores de Córdoba, Carlos Zaffi.

“No tenemos plan, no tenemos rumbo, no tenemos certeza de nada, estamos ahogados impositivamente, los privados soportamos la crisis. El impuesto a los ricos es otra estafa, nada les alcanza, no administran nada”, resumió.

GOBIERNO. Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán. (La Voz)
CCC. José Viale, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba. (La Voz)
SOCIEDAD RURAL. Luis Magliano, titular de la Sociedad Rural de Jesús María. (La Voz)
FESTEJOS. Los diputados del Frente de Todos festejaron la media sanción al «Impuesto a la riqueza». (Federico López Claro)
CCC. José Viale, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba. (La Voz)
SOCIEDAD RURAL. Luis Magliano, titular de la Sociedad Rural de Jesús María. (La Voz)
GOBIERNO. Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán. (La Voz)