Córdoba: declararon inconstitucional pena de 5 años a cartonero por robar y amenazar con un cuchillo a panadero

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En un llamativo fallo, una jueza de Córdoba declaró la inconstitucionalidad del mínimo de cinco años de prisión por robo con armas en el caso de un cartonero al que sentenció a tres años por el hurto y robo de dos panaderías en un lapso de ocho horas. Al justificar su decisión, consideró “irrazonable” aplicarle cinco años debido a que el delincuente es joven, analfabeto y carenciado, y porque «ni siquiera podía mendigar» cuando cometió los asaltos, en 2020, ya que regía la cuarentena.

La vocal María Susana Beatriz Blanc Gerzicich de Scapellato, de la Sala C de la Cámara Quinta en lo Criminal, finalmente sentenció al salteño Ramiro Ramón Ruiz (34) a tres años de cárcel. 

Dos asaltos en ocho horas

Ruiz, un ayudante de albañil, cartonero y mendigo, llegó a juicio por dos asaltos perpetrados el 29 de marzo de 2020, en plena vigencia de las restricciones de la cuarentena por la pandemia del coronavirus. 

Cerca de las 8.30, ingresó a la panadería Le Croissant, ubicada en calle Lavalleja al 2190, y se colocó detrás de la cajera. Mientras, mantuvo una de las manos dentro de una mochila que llevaba, como si ocultara algún elemento. 

“Sentí que me apoyó algo en la espalda”, contó la joven. “Mi sensación… que no tenía un arma… (…) Pudo haber sido un arma, puede que no, pero hizo el gesto de que estaba apuntando con un arma. Ante eso, sentí miedo; completamente, mucho”.

Ruiz, a quien no reconoció con seguridad, le exigió que le entregara dinero, unos escasos 700 pesos. “Me dice: ‘No, dame más’. Y le dije que no tenía más, y se dio vuelta y se fue”, agregó.

Ruiz se dio a la fuga a pie. Sin embargo, la Policía lo detuvo a seis cuadras del lugar. 

En pocas horas, recuperó su libertad, y volvió a asaltar otra panadería, en este caso en barrio Alberdi. Alrededor de las 16.20, entró en la cafetería-panadería Medialunitas de Alberdi, en Caseros al 985, a cuatro cuadras de la Jefatura de Policía.

Esperó a que una clienta se retirara, se apoderó de un cuchillo de 12 centímetros que estaba en la bandeja de pastafrolas al lado de la caja.

Le pidió al empleado (25) que le diera 50 pesos y comida, y le preguntó si estaba solo. “Le dije: ‘Te puedo llegar a dar algo para comer si querés, factura, criollos, un agua’. Y me dijo no, y ahí fue cuando agarró el cuchillo”, declaró el trabajador. 

Luego, se lo colocó en el cuello, casi al límite de tocarlo, mientras le exigía dinero. “Me lo puso acá en la garganta, diciendo que le dé todo lo que tenía en la caja sino me mataba”, contó.

Ruiz sustrajo 1.230 pesos, y lo amenazó: “Si me seguís, te mato”. El cajero pidió a unos vecinos que cuidaran el local mientras él y un quiosquero conocido salieron en persecución de Ruiz. En la huida, se deshizo del cuchillo. 

Tras varias cuadras, entre Rodríguez Peña y Colón, lo alcanzó y lo retuvo hasta que llegó la Policía. “Este hombre (Ruiz) dijo que tenía una hija muy enferma. Creo que había dicho que tenía una hija muy enferma, que por eso lo había hecho, que lo perdonara”, contó el cajero.

La confesión y el pedido de la fiscal

Ruiz admitió haber asaltado las dos panaderías. “Me hago cargo, sé que hice mal las cosas”, dijo con respecto al primer hecho. Sin embargo, intentó eludir su responsabilidad en el uso del cuchillo. “No toqué el cuchillo. Le pedí para comer al muchacho. Había ido a buscar comida. Me dejó la caja abierta. Sí, le robé. (…). Saqué la plata. Cuando me doy vuelta, él agarró el cuchillo. Lo miré, que tenía el cuchillo en la mano, empecé a correr (…) porque tenía miedo”, declaró.

La fiscal de Cámara, María Rojas Moresi, solicitó una pena de cinco años (el mínimo de la escala, que va hasta el máximo, de 21 años) y dos meses de prisión. Su abogado defensor, en cambio, pidió una condena de hasta ocho meses. 

Para la jueza Blanc Gerzicich, en el primer asalto, el cartonero no empleó violencia, postura que mantuvo el defensor y con la que coincidió. Sostuvo que por los dichos de la cajera (que mencionó que Ruiz tenía una mano dentro de la mochila “haciendo de cuenta que tenía algo”) no resultaban “suficientes” para argumentar que había simulado la posesión de un arma. 

«Inconstitucionalidad»

Finalmente, condenó a tres años de prisión (había sido condenado en Mendoza, en 2012, por un robo) como autor de hurto simple (primer caso) y robo calificado con armas (el segundo). Y declaró la inconstitucionalidad del mínimo de la pena de robo con armas, de cinco años (artículo 166 inciso 2, primer párrafo del Código Penal) por “irracionalidad y violación al principio de proporcionalidad” de la condena.

“Considero que resulta irrazonable (…) aplicar una pena cuyo mínimo es de cinco años de prisión a un hombre de 34 años de edad, sumamente humilde, al punto de que nunca fue escolarizado, analfabeto, que vive en una villa y se dedica a juntar cartones o eventualmente a trabajar como peón de albañil, si se tiene en cuenta la dificultad para ganarse el sustento que se presentaba al tiempo de los hechos enrostrados que acaecieron cuando acababa de iniciarse la cuarentena que dispuso el Gobierno nacional con motivo de la pandemia de Covid-19, el año pasado”, afirmó.

Blanc Gerzicich recordó que los saltos sucedieron cuando “imperaban estas restricciones tan estrictas y las dos veces que lo aprehendieron, sólo tenía en su poder el dinero sustraído. Vale decir: que no llevaba ningún dinero propio”. 

Insistió que es parte de una familia numerosa (13 hermanos), que los motivos que lo llevaron a delinquir fueron la miseria y dificultad para ganarse el sustento, y que producto de un golpe en la cabeza “a veces” recordaba las cosas y en ocasiones, no.

La magistrada se preguntó: “Dedicado a recoger cartones… ¿cómo podría obtener material para vender si no podía circular por la calle? Y si de algún modo hubiera logrado hacerse de su modesta mercadería, ¿dónde podría venderla para obtener algún dinero? ¿Qué changa podría hacer? De albañil no podía trabajar porque estaban paradas las obras en construcción”. 

“Ni siquiera –continuó– podía mendigar porque sólo estaba autorizado para circular por la vía pública para aprovisionarse de alimentos, elementos de limpieza o de farmacia, pese a lo cual es lo que estuvo haciendo antes de cometer estos hechos. Nótese que no se trataba de un empleado que fuera a cobrar igualmente su sueldo, tampoco percibía beneficios sociales”.

La jueza aclaró, sin embargo, que esa situación no “justifica su obrar, porque pudo contentarse con aceptar algún alimento, como se le ofreció o limitare a apoderarse de ellos, sin fuerza ni violencia, lo que tornaría su accionar un hurto famélico y por tanto justificado”. Pero remarcó que aún el mínimo de cinco años era excesivo.

La magistrada subrayó que en ambos asaltos, solicitó alimentos, pero optó por llevarse el dinero. Aunque señaló que luego se recuperó el dinero sustraído, no hubo daño material, y que si bien ejerció violencia en el robo, no lesionó a la víctima.

“A lo que se agrega –sostuvo– que se mostró muy compungido en el juicio”, y llevaba varios años “en el recto camino” desde su condena en Mendoza.  

Zona del primer asalto. (Captura/©Google Street View)
Zona del segundo asalto. (Captura/©Google Street View)
Tribunales I. (Archivo/La Voz)
Cuchillo. Imagen ilustrativa. (Pixabay.com)
Imagen ilustrativa. (Pixabay.com)
Zona del primer asalto. (Captura/©Google Street View)
Zona del segundo asalto. (Captura/©Google Street View)
Cuchillo. Imagen ilustrativa. (Pixabay.com)
Tribunales I. (Archivo/La Voz)